Transformación de la sociedad chilena: nueva exigencia más allá de las leyes y el poder político

Rafael Rodríguez

En los últimos diez años los empresarios han tenido que adecuarse a una nueva realidad que transforma las certezas que existían hasta entonces para efectos de decidir una inversión; esto es, que no basta tener las autorizaciones que determina la ley para poder desarrollar un proyecto; es necesario -además de cumplir con la ley y la normativa vigente-, conseguir además aprobaciones de los actores significativamente vinculados a los mismos.

Hay grandes inversiones que, cumpliendo la normativa legal, han sufrido negativamente el impacto de esta nueva realidad; Freirina, Barrancones e HidroAysén son famosas víctimas de este cambio de paradigma pero también lo son muchos otros proyectos menos conocidos por la opinión pública que de alguna forma han debido enfrentar el choque entre el sustento legal y el sustento social.

Este fenómeno también ha impactado a la clase política, como lo atestiguan también las relevantes reformas del sistema tributario y del sistema educacional chilenos.

Como es sabido, en el caso de la reforma tributaria el gobierno tenía las mayorías para aprobarla en sus formato original, sin mayores cuestionamientos –como lo demostró su “pasada” por la Cámara de Diputados-; finalmente no fue posible hacerlo dado que hubo una mayoría de personas que se opuso al proyecto en ese formato original y si bien el gobierno tenía los quórum de su parte, optó por abrirse al diálogo en vez de imponer inflexiblemente sus posiciones. Si alguien piensa que esto se debe exclusivamente a que ciertos partidarios de la coalición gobernante se opusieron en el Senado a aprobarlo sin incorporar cambios, que piense cuál habría sido el resultado si es que la Presidenta Bachelet hubiese invertido su capital político para aprobarlo tal cual; otro habría sido el resultado y el que no lo haya hecho es una muestra de sabiduría política.

La reforma educacional está corriendo por un carril similar. El primer proyecto de abordar la reforma desde la educación escolar por la vía de eliminar el lucro, comprando los establecimientos, a esta altura parece estar muerto ante el surgimiento de la voz de expertos en el sector, los sostenedores después y finalmente los padres y apoderados que han criticado esta iniciativa y han logrado poner en tela de juicio una transformación que parecía retroexcavadora en su día uno. A estas alturas, una estrategia para salir del impasse y volver con una propuesta alternativa pareciera estar en construcción.

En ambos casos, la voz de la gente fue decisiva y como resultado de lo anterior las encuestas se sumaron para pegar el golpe final a una reforma impositiva propuesta para imponerla tal cual se había enviado.

Ya no basta tener el poder político, tampoco tener las autorizaciones legales, hoy en cada decisión relevante hay una verificación social que es requisito incorporar previamente. Quizás esta sea la transformación más profunda de nuestra sociedad y es que el poder hacer no es más una garantía para hacerlo.